El Gobierno, por boca de su ministro de Industria, Comercio y Turismo, presentó esta semana ante el Congreso de los Diputados y la opinión pública su plan de política industrial para afrontar esta legislatura. La comparecencia era esperada con interés. Primero, porque, a diferencia del vicepresidente Solbes, bien conocido por el mundo económico y empresarial, Montilla es una de las grandes incógnitas de este Gobierno, al menos fuera de la Cataluña de la que procede. Y, segundo, porque la decisión política de resucitar al viejo Ministerio de Industria del Paseo de la Castellana es ya en sí un mensaje a la ciudadanía: este Gobierno, a diferencia de los anteriores, sí tiene una política industrial, y se dispone a ejercerla.

Ocho años no pasan en balde, y el panorama sobre el que va a trabajar Montilla no se parece en casi nada al que había antes de 1996. Las privatizaciones, iniciadas por el PSOE y llevadas hasta sus últimas consecuencias por el PP, han dejado al Ministerio sin una de sus grandes herramientas para desplegar su política industrial: el sector público empresarial, que ya es, con contadas excepciones, prácticamente inexistente. Lo poco que queda, tras la fusión de la Sepi y Patrimonio, está en Hacienda.

El proyecto encarnado por el departamento de Ciencia y Tecnología, lanzado en el 2000 por el segundo Gobierno de José María Aznar, también representó en sí mismo un mensaje a la opinión pública y a los empresarios: que la sociedad y la economía españolas necesitaban -y siguen necesitando- con urgencia un esfuerzo para engranar investigación y empresa y dar un salto competitivo que la economía española sigue pidiendo a gritos.

Para lanzar ese mensaje, el PP prácticamente desmanteló Industria. Ciencia y Tecnología recibió de Fomento las competencias en telecomunicaciones, de Educación la política científica, y de Presidencia la ordenación del sector de televisión. A cambio, el Ministerio que estrenaba Anna Birulés cedió la política energética y de ordenación sectorial, y las empresas públicas. Ya en la legislatura anterior había perdido Comercio a favor de Economía.

Ahora, con la vuelta del PSOE al poder, vuelve Industria, pero ya no es lo que era. Pierde la I+D empresarial y la política científica, que vuelven a Educación, y recupera Energía -excepto la capacidad de fijar las tarifas-, Comercio y Turismo. Mantiene la ordenación de las telecomunicaciones, pero no recupera las empresas públicas.

Con esos mimbres, José Montilla, cuyo pulso con el ala más liberal del Gobierno no ha hecho más que empezar -ahí está el tema de los horarios comerciales- ha propuesto un "pacto industrial" entre Administración y empresas, para afrontar la pérdida de competitividad y la deslocalización. Reconocer la realidad es un primer paso en la buena dirección.