lobby: la voz de la influencia

El lobby en españa resulta sospechoso.  No está claro de qué, pero sospechoso al fin y al cabo. Intentar influir en los poderes públicos es una práctica arraigada en la tradición de las democracias, pero aquí aún recuerda más a Berlanga que a Tocqueville, tal vez porque las cacerías de Franco fueron el primer y rudimentario ejercicio de lobby que conoció la España moderna. Pero algo está cambiando en este negocio, cuyos servicios demandan cada vez más empresas en España.

Una de las pruebas del auge del lobby  y  de su profesionalización es la proliferación de cursos que están lanzando algunas escuelas de negocios. David Córdova, lobbista y director del curso del Programa Superior de Lobby & Advocacy de la IE Business School, que se estrena en marzo, afirma que “la demanda de esta profesión ha aumentado rápidamente. Las empresas buscan expertos que algunos cazatalentos ni siquiera tienen muy claro dónde encontrar”.

“En los países mediterráneos, la representación de intereses se mete en el saco del tráfico de influencias, pero son cosas distintas”, explica Santos Ortega, director de Asuntos Públicos de la consultora MAS Consulting, que también acaba de sacar un Postgrado de Dirección de Asuntos Públicos junto a la Universidad Pontificia Comillas. “Cada vez más compañías necesitan contratar a alguien que defienda sus intereses ante los poderes públicos y sepa anticiparse a los posibles cambios legislativos”.

Para ser lobbistas de futuro tendrán que saberlo todo sobre gestión pública y trámites parlamentarios, pero también ser muy hábiles comunicando. La recompensa será cobrar entre 100 y 200 euros la hora si trabajan como consultores externos. Un lobby puede costar entre 6.000 y 10.000 euros al mes. Pero depende mucho del caso, hay proyectos que superan los 80.000 euros trimestrales.

El lobby profesional en España es de momento coto de algunos pioneros, despachos de abogados que reniegan de esa palabra y agencias de comunicación multinacionales con periodistas de larga trayectoria, con olfato para convertir una lucha empresarial en una historia atractiva. Por libre navegan personajes con tanta labia como contactos, pero no es lo mismo: hablamos de una profesión técnica, que exige gran conocimiento jurídico, no de los clásicos conseguidores.

La leyenda negra de la profesión asocia el lobby con una herramienta de los ricos y poderosos para torcer la voluntad popular, teóricamente expresada a través de los políticos. Pero los defensores de esta práctica lo ven justo al contrario: el lobby añade voces y puntos de vista al debate político, enriqueciendo el conocimiento de los que tienen que legislar y luchando contra la partitocracia. Es un instrumento de la sociedad civil, caro o barato, pero en todo caso útil.

Lo que más de 30 años de democracia no han conseguido afianzar como natural, lo está logrando la crisis. Si se ha multiplicado el interés por estos asesores de asuntos públicos (como suelen denominarse los lobbistas en sus tarjetas), se debe en parte a la cantidad de recortes y leyes que la crisis ha precipitado. El último tramo de 2010 fue especialmente caldeadito, pues además de aprobarse la controvertida Ley del Tabaco, el Congreso votó la Ley de Economía Sostenible, una reforma paraguas que afecta de lleno a decenas de sectores, tan dispares como la industria cultural (con la fallida Ley Sinde) o los registradores de la propiedad. Otros sectores como el juego online y el  farmacéutico han puesto sus barbas a remojar porque saben que el Gobierno prepara más munición normativa que les afectará. Y mientras los diputados, tanto autonómicos como nacionales, se reúnen en sus comisiones respectivas para poner en marcha la legislación, los teléfonos de los lobbistas están en plena ebullición.

“La efervescencia del lobby que está viviendo ahora España sucedió en EEUU en los 80 y en Bruselas en los 90”, explica Catherine Sterwart, presidenta de la consultora internacional Interel, con sede en la capital belga. Se calcula que hay actualmente unas mil personas en España ejerciendo esta profesión, pero es difícil saberlo con exactitud porque no hay un registro oficial (hace un año abrió uno la Unión Europea en el que se inscribieron un centenar de lobbys españoles). La actividad genera unos 120 millones de euros al año, según estima el sector.

Los más interesados en poner un lobby en su vida son, evidentemente, los sectores altamente regulados. Pero también a sus puertas llaman gobiernos extranjeros que quieren ganar influencia entre las empresas españolas, compañías que necesitan revisar el impacto en su negocio de una legislación en ciernes y asociaciones profesionales que quieren adquirir influencia.

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