caixa madrid

Cuando Miguel Blesa llegó a la presidencia de Caja Madrid en 1996, una de las primeras cosas que hizo fue exponer las bondades de una posible integración con La Caixa. En aquel momento, ambas entidades estaban en los prolegómenos de la extensión de su radio de acción fuera de su territorio de origen. Ser compañeras de viaje en esa aventura les hubiera permitido cubrir la península en un tiempo récord. Blesa pensó que el 19 de enero, día de su despedida pública de Caja Madrid para darle el testigo a Rodrigo Rato (ex vicepresidente económico con el PP), era un buen momento para recordar que fue el padre espiritual de aquel proyecto.

“Hubiera sido una operación magnífica”, aseguró a los periodistas durante la presentación de los resultados anuales. Para ser honestos, esta integración ya se había discutido en un momento anterior, en los años ochenta, aprovechando la buena sintonía que tenía el entonces presidente de la Generalitat, Jordi Pujol, con el Gobierno central. Según recuerda una persona que vivió de cerca los acontecimientos, llegaron a celebrarse reuniones de alto nivel con Caja Madrid, aunque finalmente la operación no prosperó.

Politización.

Blesa sostiene que la creación de esta megacaja sería hoy casi imposible. Por las dificultades de sacarla adelante políticamente, se entiende. “Si en el pasado fue dífícil, imaginen ahora”. Isidro Fainé, presidente de La Caixa, parece compartir el diagnóstico. “Con las leyes autonómicas actuales [las CCAA tienen potestad sobre las cajas con sede en el territorio, aunque están supervisadas por el Banco de España], no lo contemplamos”, afirmó públicamente al ser preguntado por el asunto. Pero añadió a continuación: “Si un día las circunstancias son distintas...”.

En realidad podrían serlo, ya que el presidente del Gobierno se ha comprometido a revisar la Lorca, la Ley Orgánica de Cajas de Ahorros. Su redacción no se ha tocado en los últimos ocho años. Esta normativa es la culpable del elevado sesgo partidista de las cajas, ya que permite aumentar hasta el 50% el peso de los poderes públicos en los órganos de gobierno de estas instituciones. No se sabe si a la espera de que la regulación cambie, el hecho es que el propio Fainé ha llegado a estudiar seriamente una integración con Caja Madrid. En su despacho tiene al menos dos informes encargados a sendas firmas de consultoría para analizar las posibles bondades de esta integración.

Políticamente esta unión tendría una complejidad inequívoca. Fíjense si no en los 16 meses que ha tardado la asamblea de Caja Madrid en encontrar un presidente de consenso para relevar a Miguel Blesa. Pero no es algo impensable, o quizá menos de lo que aparenta. Esperanza Aguirre, presidenta de la Comunidad de Madrid, diseñó una guerra de guerrillas para desbancar del puesto a Blesa, amigo de Aznar y aliado de su gran rival político, el alcalde de Madrid Alberto Ruiz-Gallardón. Aguirre acusa a Blesa de haber rebajado el poder del gobierno autonómico en la entidad.

Paradójicamente y según personas de su entorno más próximo, Aguirre piensa que Caja Madrid está excesivamente politizada: los representantes designados por corporaciones locales y gobiernos autonómicos se elevan al 44% del total, según un estudio sobre cajas de Credit Suisse. En el fondo, Aguirre admira el clima de independencia en el que se desenvuelve La Caixa, gracias a que la ley catalana de cajas deja poco resquicios al intervencionismo y el Estatut no ha alterado este marco de actuación.

La Generalitat no está facultada para nombrar representantes directos en el consejo de las cajas catalanas. En Cataluña, el consejo nombra al presidente de cada entidad, en nigún caso a propuesta del gobierno autonómico. El peso de los poderes públicos en la asamblea de La Caixa es del 21%, de los más bajos de España. La ley catalana fija el tope máximo en el 25%, lejos del 50% que establece la Lorca.

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