la dictadura sindical

No se mueve un dedo en este país sin que reciba su visto bueno. El presidente Zapatero ha otorgado a los sindicatos un poder de veto sobre la política económica, que éstos ejercen sin disimulo, condenando el diálogo social y obstaculizando las reformas. Tienen un arma poderosa -el recurso a la movilización, la huelga-, que Zapatero teme como al diablo. “Si se sigue la hoja de ruta de los empresarios, en el diálogo social, habrá conflicto social”, han amenazado. Y el presidente ha respondido: “No habrá ni nuevo contrato con un despido más barato, ni recorte de derechos laborales”. Pero, no contentos con su privilegiada posición, los sindicatos quieren más poder. Y Zapatero está dispuesto a concedérselo.

El presidente José Luis Rodríguez Zapatero clausuró el pasado mes de noviembre el 25 congreso de la Federación del Metal de UGT en Pamplona. El acto no sólo sirvió para mostrar una vez más la cercanía entre el Gobierno y los sindicatos. Allí, Zapatero pronunció unas palabras enigmáticas. Dijo que estaba muy dispuesto a reforzar la representatividad y la institucionalidad de las organizaciones sindicales. ¿A qué se estaba refiriendo? Pronto lo sabremos, pero parece que los sindicatos están muy al tanto de las intenciones presidenciales. Se trata de satisfacer, entre otras cosas, una vieja pretensión de UGT y CCOO: ganar peso en el seno de las compañías, tanto de las pymes como de las grandes empresas.

Las centrales aspiran a que la Ley Orgánica de Libertad Sindical (LOLS) sea modificada en tres aspectos. Por un lado, que se permita que tanto CCOOcomo UGT tengan la facultad de representar a los empleados de empresas con menos de 10 trabajadores, aunque ninguno esté afiliado. Por otra parte, quieren que sea obligatorio constituir una sección sindical en las compañías que tengan más de 50 asalariados, en lugar de los 250 actuales. Finalmente, reivindican un asiento en los consejos de administración de las grandes compañías.
Este último aspecto, el más controvertido, trata de emular el modelo alemán, en el que, tras la Segunda Guerra Mundial, los aliados exigieron la presencia de los sindicatos en los consejos para compensar la desviación hacia el nazismo de las grandes empresas. Esta herencia histórica funciona bien en Alemania por su estructura industrial. “Las empresas germanas son muy grandes y muy especializadas. Por eso, les interesa que los trabajadores estén muy comprometidos con la compañía. Algo que no ocurre en España, donde prevalecen las pymes y existe una tasa de temporalidad muy elevada [25,8% en el tercer trimestre de 2009, según la Encuesta de Población Activa]”, explica Marcel Jansen, profesor de Análisis Económico de la Universidad Autónoma de Madrid y miembro de la Fundación de Estudios de Economía Aplicada (Fedea).
Para la mayoría de los expertos consultados, la traslación de este sistema a España no tiene mucha justificación y respondería más bien al ansia de los sindicatos por ampliar su cuota de poder.

A juicio de Federico Durán, catedrático de Derecho del Trabajo y socio de Garrigues, ”no tenemos un sistema de relaciones laborales que case con el modelo alemán. Si se hace un picoteo sólo de lo que nos interesa de ese sistema, podemos crear un monstruo”.

En la misma línea, Íñigo Sagardoy, Socio de Sagardoy Abogados, considera que el sindicato “no se creó para gestionar empresas, no es su papel y en estos momentos no es necesario ni deseable”.

Sin embargo, Juan José Dolado, profesor de Economía de la Universidad Carlos III, aprecia un posible efecto positivo. “Si los sindicatos ven desde dentro cómo evoluciona el negocio podrán estar más abiertos a mecanismos de flexibilidad. Por ejemplo, que los sueldos sean variables y que suban o bajen dependiendo de la situación económica, no como ha ocurrido en 2009”.

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