
Las empresas de tecnología implantadas en España están centrando su atención comercial en los más de 8.000 ayuntamientos españoles. El motivo es el Fondo Estatal para el Empleo y la Sostenibilidad Local 2010, coloquialmente conocido como segundo Plan E, dotado con una partida de 5.000 millones de euros.
Tal vez con mala conciencia por la orgía de zanjas abiertas y cerradas que supuso el primer Plan E, esta vez el Gobierno obliga a que al menos el 80% de los recursos están relacionados con el desarrollo tecnológico y la innovación, conceptos englobados en el decreto ley que regula las inversiones junto a algo más etéreo como “la sostenibilidad económica, social y ambiental”.
La traducción es clara: las empresas centradas en I+D+i podrán colocar sus productos y servicios en las administraciones locales. Existen 14 tipologías de proyectos, de los que cerca de la mitad entran dentro del ámbito de la actuación de las empresas tecnológicas. Además, a diferencia de lo que sucedía en el Plan E, este fondo sí contempla el pago de suministros y servicios relacionados con la ejecución de los contratos, que no podrán exceder, eso sí el 20% del total.
“Si en el Plan E hubo 30.000 proyectos, en su extensión esperamos más de 20.000”, afirma José Manuel Petisco, director general de Cisco España, quien, como el resto de responsables de empresas del sector, destaca que las actividades tecnológicas crean menos empleo inmediato, pero sí de mayor calidad y duración. “Suponen una espiral de generación de riqueza y de calidad de vida”, estima el directivo.
El fabricante de redes estadounidense ha creado una gama de servicios ad hoc para los ayuntamientos centrados en mejorar la eficiencia energética, el fomento del acceso a redes de ciudadanos y empleados públicos, la seguridad ciudadana, la modernización de las Administraciones Públicas y la creación de centros de incubación de empresas que puedan servir como punto de entrada para pequeños emprendedores.
Resultan especialmente llamativos los Centros de Innovación y Colaboración, que se han implementado con éxito en ciudades como Amsterdam y que permiten diversificar los flujos de trabajo (y de tráfico) en metrópolis, creando centros hiperconectados de trabajo en ciudades dormitorio.
No se vende, se concursa. Estas propuestas, al igual que las que están presentando otros fabricantes, se enmarcan dentro de lo que autorizará el Ministerio de Política Territorial, de manera que los ayuntamientos no deberían tener problemas a la hora de conseguir la financiación.
Lea el artículo completo en la revista...