todos quieren ser funcionarios

Suscitan duras críticas y envidias a la vez. Acarrean la fama de no entregarse a su trabajo pero, a la vez, de poseer un contrato muy bien blindado. Por si fuera poco, en mitad de la crisis, les suben el salario… Estas pinceladas describen una especie laboral, los funcionarios, que lejos de estar en extinción están proliferando.

En los últimos cuatro años, los empleados públicos aumentaron un 6,2%, hasta superar los tres millones. La crisis, el fuerte desempleo, el incremento reciente de la oferta pública y el escaso espíritu emprendedor de los españoles, además, disparan el número de aspirantes. Pero el funcionamiento del sistema público, aunque ha mejorado en la última década, todavía muestra ineficiencias.

La crisis ha puesto sobre la mesa la debilidad del mercado laboral. Los españoles han visto cómo, en dos ejercicios muy duros, la tasa de paro se ha duplicado (pasando del 8,6% de finales de 2007 al 17,9% del tercer trimestre de este año). Este panorama y la precariedad de la contratación en el sector privado (que arrastra una temporalidad superior al 25,9%) han generado el clima perfecto para que proliferen los aspirantes a funcionario (aunque el Estado ya no ofrece tanta seguridad: su temporalidad alcanza ya el 26,2%).

A esto se añade, según Antonio Cabrales, catedrático del Departamento de Economía de la Universidad Carlos III de Madrid, “que los horarios en el sector público se hayan reducido y se concilie mejor la vida privada, así como que los sueldos hayan mejorado, sobre todo para los niveles bajo y medio”.
De hecho, según un reciente estudio realizado por la empresa de trabajo temporal Adecco, el 40% de los parados se plantea preparar una oposición y el 14,6% ya lo está haciendo.

“Cuando en la Universidad pregunto quién quiere realizar una oposición, responde afirmativamente la gran mayoría. Eso supone un gran problema, porque se trata de nuestros principales activos de cara al futuro y no tienen como meta la innovación ni emprender”, asegura Ignacio de la Vega, director del Centro Internacional de Gestión Emprendedora y profesor del Instituto de Empresa.

Este handicap, la falta de espíritu emprendedor, no es nuevo. José María Ortiz-Villajos, profesor de Historia e Instituciones Económicas de la Universidad Complutense, se atreve a decir que viene de la época posterior a la Reconquista. “Las fuerzas vivas de la sociedad española estaban más centradas en las hazañas bélicas que en las tareas productivas. Luego se descubrió América y en ese contexto se forjó la mentalidad hispánica de vivir de las rentas. Es decir, de ganar dinero con poco esfuerzo”. Mucho ha llovido desde entonces, ¿pero tan poco hemos cambiado?

Parece que no mucho. Las cifras hablan por sí solas. Frente a los recortes que hacen todas las empresas por la crisis, el sector público es el único que crece (en efectivos y en sueldos). Si se tiene en cuenta a todos los asalariados públicos (funcionarios y contratados) suman más de tres millones, lo que supone un 6,2% más que hace cuatro años. Un crecimiento que contrasta con el leve incremento del 0,9% registrado en el sector privado en ese mismo periodo, según un estudio de la escuela de negocios EAE (Escuela de Administración de Empresas).

Este crecimiento ya ha situado a España, que tradicionalmente no tenía un Estado pesado, en la media europea (los empleados públicos españoles ya representan el 6,3% del total y en la UE-27 el 6,4%). Por eso, los expertos plantean que ha llegado el momento de repensar la actual administración y distribuir los recursos con una lógica más productiva.

El gran crecimiento administrativo ha venido de manos de las comunidades autónomas, donde el despliegue de recursos ha sido brutal. Por ejemplo, la masa salarial del funcionariado por habitante se ha disparado un 95,4% entre 2000 y 2008, un aumento casi cuatro veces superior al del conjunto de la UE, según este informe.

Si bien es cierto que parte de este estirón se explica en la creciente cesión de competencias a las administraciones regionales, también hay que resaltar que, no por ello, el tamaño del Estado central se ha aligerado. Concretamente, la masa salarial de estos funcionarios creció en esos años un 37% y en los ayuntamientos, la subida fue del 56%.

A juicio de Fernando Eguidazu, responsable de Política Económica del Círculo de Empresarios, un nuevo catalizador del dispendio autonómico ha sido el Estatuto de Cataluña. “Esta norma lo regula todo, lleva las competencias regionales al último extremo y recrea un miniestado con todas sus burocracias. Esa experiencia ha despertado las aspiraciones de otras comunidades y se ha producido un efecto emulación”.

Pero, ¿qué supone este entramado público para la economía española y los ciudadanos? ¿Sabe usted cuánto tiene que poner de su bolsillo para sostener este sistema? Según el citado estudio, los sueldos de los funcionarios costaron de media a cada español 2.560 euros en 2008, un 59,2% más que en 2000. Pero el coste del Estado en su conjunto va mucho más allá: asciende a unos 10.000 euros por habitante. La cuestión no es tanto si el Estado nos sale caro, sino más bien si sus servicios valen esa cifra y si su funcionamiento es eficaz.

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