 |
Lo último que se debería ver en un bloque de viviendas de protección oficial (VPO) son Mercedes y BMW ocupando las plazas de garaje. No es una posibilidad descabellada. Justamente eso es lo que se encontró un economista que no quiere ser citado al visitar a un amigo suyo en Sanchinarro, uno de los nuevos barrios de Madrid. "Es la prueba de que estas viviendas no están yendo a quien más lo necesita. La duda es si los dueños se han podido comprar el Mercedes con lo que se ahorran por tener una vivienda protegida o ha sido el tener un Mercedes lo que les ha permitido codearse con la gente adecuada para que le den ese piso", ironiza.
La fórmula mediante la que se quiere garantizar el acceso de las rentas bajas a una vivienda digna (casas en propiedad a precios inferiores a los del mercado) está en entredicho desde hace tiempo. La principal crítica se centra en que no es un sistema equitativo, sino más bien una lotería. Hay mucha más demanda que oferta, con lo que la asignación suele ser fruto de un sorteo. Los agraciados que obtienen una casa a bajo precio la siguen manteniendo aunque su situación económica mejore y pueden venderla en el mercado libre en cuanto pierda la calificación de protegida, entre 10 y 30 años después, dependiendo de la comunidad autónoma y el tipo de vivienda. Negocio redondo.
En ningún otro país existe la apuesta por la propiedad frente al alquiler que hay en España. Los más críticos apuntan que es una fórmula que reduce la movilidad laboral: quien tiene una casa no se plantea cambiar de ciudad o es más reticente a ello. Además, no consigue, como se pretende, moderar los precios de la vivienda libre. "Encarece la obtención de suelo de vivienda libre, y eso se repercute a los compradores. No deja de ser una intervención artificial en el mercado que favorece a unos en favor de otros. Y los unos no son precisamente los más necesitados", señala Gregorio Izquierdo, director del Servicio de Estudios del Instituto de Estudios Económicos.
¿Se debería, entonces, suprimir la VPO? Así lo creen un grupo de 19 economistas agrupados bajo el paraguas de la Fundación de Estudios de Economía Aplicada (Fedea), que ha presentado una propuesta de reforma estructural para el mercado de la vivienda. Uno de los puntos es dejar de construir desde ya mismo vivienda de protección oficial. A cambio, se destinarían esos recursos a subvencionar el alquiler en el mercado libre a las clases con rentas más bajas.
El principal objetivo de los impulsores de la propuesta es abrir el debate. Que pueda llevarse a la práctica es otro cantar. Porque pese a las numerosas ineficiencias del sistema, ningún partido se ha atrevido hasta ahora a modificar el sistema por el alto coste político que supondría enojar a los potenciales beneficiarios de la VPO. No son, precisamente, una minoría. Casi el 70% de la población puede optar a viviendas subvencionadas, ya que el límite de renta está fijado en unos 48.000 euros, o, lo que es lo mismo, 6,5 veces el IPREM, un indicador que se utiliza para determinar el umbral de acceso a determinadas ayudas públicas.
Lea el reportaje completo en la revista
Un grupo de expertos propone aprovechar la crisis para cambiar el modelo de vpo por ayudas al alquiler para las rentas bajas
La vivienda protegida es una lotería: la asignación es fruto de un sorteo, el piso se mantiene aunque economía del propietario mejore y puede venderlo en el mercado libre años después