el acoso al tabaco

El artista británico David Hockney, uno de los más influyentes representantes del pop art del siglo XX, acusó de “niñera” al Estado británico tras decretar la prohibición de fumar en el interior de los tradicionales pubs. En un acalorado debate retransmitido por la BBC, Hockney cargó contra el Ejecutivo laborista y dijo que, “si los políticos insisten en que hay que dejar la comida grasa, el alcohol y los cigarros para vivir mejor, yo les digo que a eso no lo llamo vida. Me gustaría decirle a la cara a Brown [primer ministro británico] que se está equivocando”.

Hockney no es el único que piensa así y empieza a cuestionar la legitimidad del Estado para decidir lo que es bueno para cada individuo. El endurecimiento de las leyes antitabaco está comenzado a generar cierta contestación. No se trata de furibundos fumadores que gritan a los cuatro vientos su disconformidad, y de todos aquellos a quienes rechina que el Estado intervenga en los ámbitos privados de su vida. Al pelotón de afectados también se han sumado los dueños de los bares y las empresas tabaqueras, que experimentan en carne propia las nuevas medidas del Gobierno y temen el varapalo económico que se les avecina.

La ministra de Sanidad, Trinidad Jiménez, todavía no ha dado con un Hockney español que le cante las 40 tras el giro que pretende dar a la ley antitabaco actual, vigente desde el 1 de enero de 2006. El leit motiv de la nueva norma es la limitación masiva de los lugares donde se pueda fumar, igual que han hecho otros países de la Unión Europea como Irlanda, Reino Unido o Italia. “Se prohibirá en todos los espacios públicos, sitios de ocio y restaurantes”, ha declarado la titular de Sanidad. En defensa de la prohibición, aporta un argumento contundente: según los datos de su ministerio, cada año mueren 50.000 personas por enfermedades relacionadas con el tabaco, 700 de ellas fumadores pasivos. Para proteger a esos ciudadanos hay que evitar su exposición. ¿Cómo? No se deja entrar a los fumadores en lugares potencialmente peligrosos como bares o restaurantes.

Pero, como dicen los anglosajones, el diablo está en los detalles. ¿Se ha parado a pensar Jiménez lo que una ley como ésta puede provocar en medio de una de las crisis económicas más virulentas que ha padecido el país? Desde las asociaciones de hostelería, que agrupan a más de 240.000 bares y emplean a más de un millón de personas, están encantados de recordárselo. Los dueños de los locales se han puesto en pie de guerra. Calculadora en mano, han calibrado el impacto. Según la Asociación Empresarial de Hostelería de la Comunidad de Madrid, si cada fumador dejase de tomarse un café durante su jornada laboral dejarían de ingresar más de 280 millones de euros al año. Si se extrapola al resto de España, las pérdidas podrían sumar 4.000 millones de euros. “La medida no podría llegar en peor momento. Sólo en septiembre la recaudación en hostelería ha caído un 7,5%. Los más afectados son los pequeños establecimientos de barrio, porque es donde más paro se está registrando”, afirma José Luis Guerra, adjunto al presidente de la Federación Española de Hostelería. Sus previsiones apuntan a caídas del 15% de la recaudación. El año pasado fue bastante malo. Según las asociaciones, los ingresos descendieron un 3,5% y se clausuró un 130% más de establecimientos.

La Federación Catalana de Locales de Ocio Nocturno también protesta. “Con la crisis, el sector está recaudando un 30% menos que en 2007. Estamos al borde de las pérdidas y la prohibición de fumar puede acabar con muchos negocios”, dice Gloria Cabrera, portavoz de la patronal. “Además, es muy difícil hacer cumplir la norma en las discotecas. Más del 40% del ocio nocturno es fumador. ¿Van a tener los empresarios que pagar seguridad extra para vigilar que la gente no fume? Eso, más que gastos, es una pérdida”, afirma Cabrera.
“Creo que el Gobierno confunde ideas. Que un local esté abierto al público no significa que su propiedad sea pública, ya que la inversión ha sido realizada por un agente privado que decidirá qué hacer con su local, que para eso lo ha pagado”, argumenta María Blanco, profesora de Políticas Públicas de San Pablo - CEU. “Por esa regla de tres, llegará un momento en el que me prohíban fumar en mi propia casa. Y eso me parece inaceptable”, añade.

Adiós a los cigarrillos. En el pelotón de afectados también se encuentra la industria del tabaco, que emplea a 100.000 personas. En su caso, la prohibición de fumar en los locales les supondría una caída de las ventas precisamente en el año que el consumo ha empezado a descender. Según el Comisionado del Mercado de Tabaco, el consumo de cigarrillos cayó en julio un 8,56%. Paradójicamente, un mes antes, el Gobierno subió los impuestos al tabaco con el pretexto de la lucha contra el tabaquismo. “Lo que no quieren decir es que esta subida de impuestos ocultó un afán recaudatorio. La defensa de la salud pública les da una coartada excelente”, afirma Rocío Albert, profesora de Economía de la Universidad Complutense.

Para la industria, el Gobierno juega con una doble moral: públicamente se demoniza el tabaco, pero, por otro lado, se busca recaudar lo más posible con los impuestos especiales y con necesidades perentorias de recaudación. En 2008, el Estado ingresó 9.006 millones de euros, lo que supone el 6% de los Presupuestos Generales del Estado. Hacienda sólo recauda más por los hidrocarburos. Si la retórica de Sanidad es cierta y la subida de impuestos es un arma contra el consumo de tabaco, la jugada le está saliendo bastante mal. Desde la aplicación de la ley, en enero de 2006, el consumo de tabaco ha subido un 2%, mientras que la recaudación lo hacía el 14%. Los detractores del tabaco creen que la subida fiscal sí que disuade el consumo, aunque se trate de un bien cuya demanda es inelástica. “Está comprobado que por cada 10% que se sube la cajetilla, se reduce el consumo un 4%”, asegura Ángel López, del Departamento de Economía de la Universidad Politécnica de Cartagena y experto en economía de la salud.

La subida de las tasas no ha provocado abandonos masivos del vicio, como demuestra el mantenimiento del consumo de tabacos, aunque parte de ello se puede justificar por el incremento del turismo y de la inmigración. Las cajetillas más caras ha hecho que los consumidores con menos poder de compra se pasen al tabaco de liar, que registra incrementos del 68% en estos dos últimos años, durante los cuales han estado vigentes las restricciones. “En Irlanda, que tiene una de las leyes más restrictivas, dos años y medio después de la entrada en vigor de la nueva norma, el índice de población fumadora sólo descendió un 0,7%”, dicen fuentes del sector del tabaco para cuestionar la viabilidad de estas medidas.

“Si realmente se quiere terminar con el consumo vía impuestos, éstos se deben elevar de tal forma que la gente deje de fumar porque no se lo pueda permitir”, asegura Albert.

La literatura económica dictamina que un incremento del precio de un bien provoca que el consumidor decida no comprarlo o bajar su consumo. ¿Cuánto debería subir la cajetilla para que el fumador considerase dejarlo? Es difícil precisarlo, porque no existen datos concretos. Aunque se puede estimar añadiendo al precio de la cajetilla los costes externos que genera fumar:sanitarios, bajas laborales, aportaciones a planes de pensiones, etcétera. Si se incluyeran, varios estudios estadounidenses calculan que cada paquete debería ser entre 31 y 138 dólares más caro. Pero semejantes precios probablemente causarían una estampida de fumadores hacia el tabaco de contrabando. En España actualmente no es un problema, pero en otros países europeos como el Reino Unido, sí. ¿Por qué? Por el precio de la cajetilla. En las islas, el paquete ronda 12 euros, mientras que en España la cajetilla de primeras marcas cuesta cuatro. El margen para los posibles contrabandistas es muy alto. Según las estadísticas oficiales, uno de cada tres cigarrillos que fuman los británicos procede del mercado negro, con el consiguiente perjuicio al fisco inglés y la dudosa procedencia y calidad del tabaco. Las detenciones de mafias son frecuentes. En agosto, la policía británica detuvo a una banda de contrabandistas que iban a Canarias a comprar tabaco y regresaban a la isla con las maletas llenas. Con este método lograron introducir dos millones de paquetes de cigarrillos y esquivar durante un tiempo a la Hacienda británica.