fuga autonÓmica

¡Ha sido niña! Sus padres se llaman Elena y Pedro, y ha sido recibida entre flashes fotográficos. Su gestación ha resultado más larga de lo habitual: 11 meses. Quizás por eso tiene un peso extra de algo más de 11.000 millones de euros. ¿El nombre? Financiación autonómica.

La recién llegada ha sufrido una larga selección genética para evitar las enfermedades que adolecían sus tres hermanos mayores (los anteriores modelos de financiación).

Así, recoge los cambios demográficos (la población de las comunidades autónomas afectadas ha pasado de 37,4 a 44 millones de personas), reduce la brecha interregional de recursos por habitante (en algunos casos alcanzaba el 40% de diferencia) y da cabida a algunas de las pautas de los nuevos estatutos.

¿Cómo sale en la fotografía? Sus rasgos más llamativos son que aporta más dinero a las comunidades de régimen común (todas menos Navarra y País Vasco), dedica la misma cuantía para los servicios básicos por habitante y recoge la población como principal factor para calcular el coste de los servicios. Una variable que se revisará cada año.

Hay más. Una de las principales señas de la nueva financiación es que incrementa la cesión de impuestos del Estado central a las autonomías: del IRPF (pasando del 33% hasta 55%), del IVA (del 35% hasta 50%) y de los impuestos especiales (del 40% al 58%).

Además, el Gobierno realiza una aportación extra “ligeramente superior a los 11.000 millones de euros” de forma gradual (el 70% este año, el 85% en 2010 y el 100% en 2011) y se suma la cifra total de 114.000 millones (de 2007). Las comunidades no aportarán el 100% de lo que recaudan al saco colectivo, sino que se quedarán con un 25%, lo que beneficiará a las más dinámicas.

Además, el texto presentado por la vicepresidenta económica, Elena Salgado, diseña cuatro fondos para compatibilizar “la equidad y autonomía”, y a través de ellos se instrumentalizan la mayoría de los ingresos a las regiones. El primero, el de Garantía de Servicios Públicos Fundamentales, es el más importante. Dedicará el 80% de los recursos totales a fijar “la igualdad por habitante en la prestación en la sanidad, educación y servicios sociales”.

Se financiará con el 75% de la recaudación de los tributos cedidos y el 5% más por la Administración central. La distribución de este fondo se realizará en función de la población y teniendo en cuenta variables como la edad, la dispersión...

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