UN ENEMIGO DE 17 CABEZAS

El recién alumbrado fondo de rescate bancario del Gobierno, un arma que permite recapitalizar con dinero público entidades en dificultades, siempre que se fusionen o vendan activos, ha soliviantado a los líderes autonómicos. La necesidad de configurar un mapa mucho más eficiente del sector financiero les parece una excusa para pisotear sus competencias en materia de cajas de ahorros. La Ley Orgánica de Cajas de Ahorros, LORCA, reconoce a las autonomías la posibilidad de torpedear posibles integraciones entre cajas de distintas comunidades.

Sin embargo, el nuevo marco normativo establece que el Banco de España sea quien tenga la última palabra en esta cuestión si una de las entidades implicadas en ese proceso ha sido intervenida por falta de solvencia. Además, este organismo puede negarse a conceder fondos públicos a un proyecto de fusión promovido desde las autonomías si considera que existe otra combinación de mercado con más sentido económico. Así lo especifica el Real Decreto-ley que regula el fondo de rescate bancario, más conocido como FROB.
La Generalitat catalana, gobernada por el tripartito PSC-ERC-ICV, fue la primera en abrir la espita al anunciar su intención de recurrir el FROB por invasión de competencias, mientras Aragón también blande la amenaza del recurso de inconstitucionalidad. Andalucía y Extremadura, también regidas por barones socialistas, van por la misma línea.
Precisamente los primeros acercamientos entre cajas con vistas a una fusión se han producido en Cataluña, Andalucía y Extremadura. Todos tienen el mismo esquema: crear grandes campeones autonómicos.

Tres pioneras. Tres cajas catalanas ya presentaron un proyecto de integración al Banco de España. Se trata del tándem formado por Caixa Sabadell y Caixa Terrassa, ambas oriundas de la zona industrial barcelonesa del Vallès, y Caixa Manlleu, una entidad diminuta de apenas 104 oficinas. Juntas suman un volumen de activos de 26.851 millones de euros, una cifra que es menos de la mitad del tamaño de Caixa Catalunya, la segunda caja catalana. Esta operación no parece que sea un gran paso hacia el nuevo mapa del sector al que pretenden ir el Banco de España y el Ministerio de Economía.

Con esta integración no se gana demasiada masa crítica. Y lo que es más importante, ninguna de las tres entidades está sobrada de solvencia como para liderar el proceso. Caixa Sabadell tiene una tasa de morosidad del 5,28% (dato de marzo). La situación de Caixa Terrassa y Caixa Manlleu es una incógnita, ya que llevan desde septiembre del año pasado sin hacer público su nivel de préstamos impagados. La cosa hubiera sido distinta si el rol de cabeza de lista lo hubiera jugado Caixa Manresa, una entidad pequeña pero bastante sana (cerró 2008 con una mora del 1,9%), que ha decidido de momento descolgarse del proyecto.

La malagueña Unicaja, que estuvo a punto de absorber a la intervenida Caja Castilla-La Mancha, planea integrar dentro de su órbita a la cordobesa CajaSur, cuya morosidad rozaba en marzo el 8%. Esta entidad, que está controlada por la Iglesia, estuvo dejándose querer por CajaMurcia, pero las presiones de la Junta de Andalucía para evitar este cruce frustraron la posible operación. En Extremadura está tomando forma un embrión de gran caja autonómica, resultado de la unión de Caja Extremadura y de Caja Badajoz.

En realidad, el problema de las competencias autonómicas en materia de cajas es de índole jurídica y tiene difícil solución. Un real decreto-ley, como el que regula el FROB, no puede invalidar un veto autonómico reconocido por una ley orgánica. Lo que se ha hecho es poner algunos límites para evitar que el estado de excepción financiera de algunas cajas pase a mayores. Pero eso crea problemas políticos en un clima enrarecido, que se puede complicar aún más por la negociación del nuevo sistema de financiación autonómica.

Los que mandan levantan el pulgar. La buena noticia es que las agencias de rating confían en el plan español. La española era la única gran economía europea que no tenía un arma de este tipo para suplir las deficiencias de capital de entidades en apuros, a pesar de que los problemas de algunas entidades son evidentes desde hace algunos meses. El FROB ha nacido con una dotación de 9.000 millones de euros, aunque tiene capacidad para endeudarse hasta 27.000 millones en una primera fase y hasta 90.000 millones si hiciera falta. “Este paquete de soporte puede cubrir el proceso de reorganización del sistema financiero español, asegurando la solvencia de sus entidades”, dice un comunicado emitido por Fitch, una de las tres firmas internacionales que controlan este mercado.

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