FERNÁNDEZ ORDÓÑEZ TIENE SUPERPODERES

Hace apenas unos días, Alfredo Sáenz, consejero delegado de Santander, se lamentaba de que el poder autonómico es ahora mayor que en la crisis bancaria de los años noventa. "El Banco de España tiene menos poder y las Comunidades Autónomas son más fuertes". Muchos resaltan el peligro de que los políticos frustren fusiones entre cajas con más sentido económico que la creación de grandes entidades autonómicas.

Por eso, se han alegrado de que el Gobierno haya decidido que la tutela del futuro fondo de rescate de bancos y cajas sea exclusiva del Banco de España. Es decir, si una caja recibe dinero público y el Banco de España decide que sea absorbida por otra solvente, los presidentes regionales de las comunidades afectadas no podrán vetar la operación. Por mucho que lo contemple la ley de cajas, la LORCA, que quedará en suspenso. El anuncio lo realizó la vicepresidenta económica, Elena Salgado, el lunes 15, durante unas jornadas organizadas por la Asociación de Periodistas de Información Económica (Apie) en la Universidad Internacional Menéndez Pelayo (Santander).

El Gobierno lleva negociando su plan de rescate con la oposición dos meses; será aprobado antes del verano. "A mí me suena muy bien", señaló Matías Rodríguez Inciarte, vicepresidente de Santander. En realidad, lo que le suena bien es precisamente que el Banco de España sea el organismo que gestione esos 9.000 millones de euros. Sin embargo, le preocupa, como a todos, la letra pequeña y cómo se aplique. Porque uno de los grandes problemas es que otorga un enorme grado de discrecionalidad al gobernador. "Y eso es peligroso", señala un importante consultor que trabaja para varios bancos y cajas españoles.

El fondo servirá para intervenir entidades insolventes. Pero también para ayudar de manera transitoria a entidades con problemas, pero viables a largo plazo. Según el Gobierno, ahora nadie lo necesita, pero sus estudios dicen que 2010 será el año más difícil para el sector.

El Banco de España tendrá en su mano decidir quién tiene derecho, y quién no, a ser beneficiario de esa caja fuerte. ¿Y eso cómo se mide? Nadie lo sabe; se desconoce qué variables se utilizarán para la decisión final. Y cómo de decisivo o no será el hecho de que el precio de los seguros que protegen contra el riesgo de impago de la deuda, los famosos CDS, superen determinado umbral. Un indicador de riesgo, pero muy volátil y que puede dar una idea equivocada de la situación.

Por si acaso, la banca ha sacado su lista de recomendaciones. Inciarte pide que en ningún caso esas aportaciones públicas sitúen a las entidades enfermas en mejor situación financiera que las sanas. Segundo, que el coste de devolución de las ayudas tenga en cuenta el perfil de riesgo de cada entidad. Tercero, que el Estado establezca claramente los mecanismos de salida. Cuarto, que los accionistas compartan las pérdidas, por ejemplo renunciando a cobrar dividendos de manera temporal. Y quinto, que los bancos sanos no estén obligados a recibir dinero público, como ha sucedido en Francia.

El gran miedo es que estas medidas distorsionen la competencia y penalicen precisamente a los bancos sanos y bien gestionados, como pasa en el resto de Europa. El caso más flagrante es el de Holanda, donde las entidades han recibido dinero del contribuyente y avales públicos a precios mucho más bajos que en Reino Unido y Alemania. "Hay presiones, incluso exigencias, para que las entidades que hayan recibido ayudas públicas de un país concentren sus operaciones de crédito en ese país", critica Francisco González, presidente de BBVA, en referencia velada a ING.

Esa injusta situación puede darse también en casa. "El Gobierno español debe afinar mucho la regulación para no alterar la competencia y exigir una completa reestructuración", señaló Ángel Ron, presidente de Banco Popular, en las jornadas.

Incluso los sindicatos han lanzado sus reivindicaciones, referidas sólo a las cajas. El diseño del fondo establece que la entrada del Estado en el capital de las entidades con dificultades sea vía cuotas participativas (un instrumento parecido a las acciones), a las que se les dotaría de derechos políticos.

"Estamos de acuerdo, incluso creemos que el Estado debería quedarse en el capital. Pero si la idea es que esa entidad quede después bajo el control de otra, lo mejor sería que el dinero se destinara directamente a la nueva entidad fusionada", señaló Cándido Mendez. Al secretario general de la UGT le preocupa que, en un hipotético futuro, un banco se pudiera hacer con una caja que hubiese recibido dinero público.

Algunos se preguntan si este fondo de rescate llega demasiado tarde. ¿Por qué no se diseñó el esquema de actuación en octubre, cuando el Gobierno decidió reservarse la posibilidad de entrar en el capital de bancos y cajas?
Sea por lo que fuere se ha perdido un tiempo precioso. El lunes 15, Moody's hizo público un informe demoledor. La agencia de calificación bajó en bloque la fortaleza financiera de 25 bancos y cajas españoles.

Ninguna cayó al nivel de bono basura, pero Caja Ávila y Caja Segovia lo bordean. Hay nueve entidades que han descendido a niveles de D- y E. Según la agencia, esa calificación indica que es probable que necesiten apoyo externo. Una buena manera sería con una inyección de capitalización pública del fondo de rescate que prepara el Gobierno. Entre ellas hay tres de las diez mayores cajas del país: Caixa Catalunya, CAM y Bancaja. Las únicas entidades que se han salvado de la quema y han logrado mantener intactos todos sus ratings, entre las seguidas por Moody’s, son BBK y las cajas rurales de Navarra y Granada. Y Juan Ramón Quintás, presidente de la CECA, la patronal de las cajas, ya ha avanzado que el sector tendrá pérdidas de explotación en 2010 y 2011.

Lo malo de que a un banco o caja le rebajen el rating es que sube de manera inmediata su coste de financiación en los mercados internacionales. También es importante, aunque sea algo más intangible, el daño que sufre su reputación frente a los inversores internacionales.

Moody's ha advertido de que existe el riesgo a corto plazo de un deterioro del capital de algunas entidades si no reciben una inyección de sus accionistas o del Estado. "El colchón de las provisiones genéricas (los famosos fondos que por prudencia se dotaban en balance sólo por el hecho de que creciera el crédito) se está agotando", dice el informe. No es la única que lo piensa.

La firma de servicios profesionales PricewaterhouseCoopers ha realizado un ejercicio teórico y las conclusiones son demoledoras: si la morosidad del sector llega al 7,7% (ahora está en el 4,17%), las provisiones genéricas quedarían consumidas; si supera el 9,7%, las necesidades de capital empezarían a morder los resultados; y si traspasa el 14,8%, el ratio de solvencia caería por debajo del mínimo regulatorio del 8%. Así que vista la situación, mejor actuar ya que no hacerlo nunca. Quintás lo tiene claro: “Si perdemos más tiempo, prepárense para el diluvio”.