el jefe de todo esto

Una vez instaurada la democracia, los sindicatos iniciaron en España su propia transición hacia un modelo menos ideologizado y más profesional, pero Zapatero ha frustrado el proceso. Ha desempolvado la vieja teoría de que son una correa de transmisión de las políticas progresistas. Le horroriza que le hagan una huelga general y ha convertido a Méndez en el hombre más poderoso del país.

El 18 de junio de 2008, hace ahora un año, el presidente del Gobierno, José Luis Rodríguez Zapatero, recibía en La Moncloa a la patronal CEOE y a los sindicatos UGT y Comisiones Obreras (CCOO) para impulsar el diálogo social.

Hubo la tradicional foto de familia al pie de la escalera, la pirotecnia verbal propia de las grandes ocasiones y, tras una reunión de tres horas, los agentes quedaron en darse un mes para concretar la hoja de ruta. Han pasado 12, la economía se desmorona y apenas se ha avanzado. Se habla de conceder 400 euros a los parados sin cobertura, pero poco más.

Ni cambios en la negociación colectiva ni nuevas modalidades de contratación. Una reformita, vamos. Al rechazar cualquier medida que no venga avalada por el consenso de los agentes sociales, Zapatero ha otorgado capacidad de veto a los sindicatos sobre cualquier cambio laboral.

En un intento por sortear esta pinza, la CEOE remitió al Congreso en abril un modelo de contrato de crisis con una indemnización por despido de ocho días de salario. Era una maniobra condenada al fracaso, porque ni siquiera contaba con la bendición del portavoz de Economía del PP, Cristóbal Montoro.

Pero por si algún grupo político caía en la tentación de tomarla en consideración, Cándido Méndez declaró el 1 de Mayo que la propuesta era un casus belli y que su aprobación “conduciría a un enfrentamiento entre las decisiones del Congreso y los objetivos del sindicato”. Hasta el diario El País consideró la amenaza “algo sin precedentes”. ¿Qué legitimidad ampara a Méndez?

Es el voto. Desde la derecha se cuestiona a menudo la representatividad de los sindicatos. Se alega que su tasa de afiliación ronda el 17%, una de las más bajas de Europa, pero es un argumento de escaso recorrido. “UGT y CCOO tienen 1,2 millones de militantes cada uno”, dice José Javier Cubillo, secretario de Organización y Comunicación de UGT.

“El PP, en sus mejores momentos, tenía 600.000”. En uno y otro caso, la legitimidad no procede de la afiliación, sino del voto. “Si se excluyen las compañías de seis empleados o menos, a las que la ley no obliga a designar delegados, el 80% de la fuerza laboral está representado en los comités de empresa”, observa Cubillo. “No creo que haya habido en España ningún Gobierno con un respaldo similar”.

“Es verdad, la participación en las elecciones sindicales es multitudinaria”, coincide un ex militante. “Pero dicho esto, cada uno tiene su espacio. UGT y CCOO están en su derecho de protestar en el nombre de sus representados, pero no dejan de defender intereses de parte. El guardián del bien común sigue siendo el Gobierno”.

“Méndez nunca contrapuso su legitimidad a la del Congreso”, repone Cubillo. “Se le ha malinterpretado. Por supuesto que los diputados son los depositarios de la voluntad popular y pueden decidir lo que estimen oportuno. Lo que pasa es que, cuando las medidas laborales no se pactan, fracasan. En 1997 Aznar llevó a cabo una reforma lícita, pero desacertada. Se le hizo una huelga y tuvo la inteligencia de rectificar”.

Esta aceptación de las disposiciones del Congreso a beneficio de inventario no suena excesivamente democrática, pero para gran parte de la izquierda la legitimidad de los sindicatos trasciende la pura aritmética parlamentaria. Son los defensores de los débiles, la conciencia del capitalismo social. Sin su concurso, no existiría el Estado de bienestar.

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