una minirreforma se abre camino

Hoy en día, ni todos los caminos llevan a Roma ni todas las reformas laborales tienen que acabar en el abaratamiento del despido. Ésta es la conclusión a la que parecen haber llegado los agentes sociales y el Gobierno. Por eso, prácticamente un año después de que se iniciara el actual proceso de diálogo social y tras meses en los que la negociación ha estado en punto muerto, parece posible un acuerdo. Eso sí, los cambios no se ajustarán a la gran reforma que los expertos ansían (por ejemplo, la que se reclamaba en el Manifiesto de los 100 economistas). Más bien serán modificaciones muy concretas, que se presentarán bajo el paraguas del impulso de un nuevo modelo productivo. Aun así, habrá foto y, según aseguraba recientemente Marcos Peña, presidente del Consejo Económico y Social (CES),  será antes de agosto.

La crisis ha puesto de manifiesto una realidad: la rigidez que imponen los convenios colectivos (hay más de 5.000 y marcan las pautas del 80% de los trabajadores españoles). Establecen las condiciones laborales y, entre ellas, fijan cuánto hay que subir los sueldos (por ejemplo, para el maltrecho sector de la construcción dictan una subida del 3,5% este año). Estas obligaciones impiden que las empresas puedan adaptarse a la realidad. El resultado es que, ante una situación de dificultad como la actual, resulte más fácil para una empresa echar a parte de su plantilla que intentar cambiar las condiciones para capear el temporal. Un hecho que quedó reflejado en el primer trimestre, cuando España alcanzó una tasa de paro del 17,4%, mientras que, por ejemplo, en Alemania, donde la crisis golpea aún más fuerte (el PIB_cayó un 6,9% interanual), la tasa de paro estaba en el 7,6%.

La única herramienta que existe en España para dejar de cumplir las pautas del convenio es la cláusula de descuelgue. Pero para poder utilizarla, y congelar los salarios, la empresa necesita acreditar dos años de pérdidas consecutivas. Si no, la única opción que le queda es negociar con los trabajadores las modificaciones en sus condiciones y obtener un apoyo mayoritario. Un proceso que puede llevar entre tres y cuatro meses. Algunas empresas, como Seat y HP, lo han hecho. Pero muchas pymes no disponen de tanto tiempo. Actúan o cierran.

Ante este panorama, una de las prioridades, en la que el Gobierno parece estar de acuerdo con los sindicatos y la patronal, es dar una mayor flexibilidad interna a las compañías. Se trata de agilizar esos procesos y que se puedan impulsar modificaciones, además de las ya mencionadas en el salario, en los horarios de trabajo, en el puesto y en la distribución de la carga de trabajo, a cambio de mantener el empleo. “La idea es reformar la negociación colectiva para dinamizar las empresas. Las reducciones de salarios ya se están haciendo. Vamos a plasmar unos cambios que han surgido desde dentro”, explica Toni Ferrer, secretario de Acción Sindical de UGT.

La forma legal en la que se concretará esta flexibilidad interna todavía es una incógnita. Salvador del Rey, socio del Área Laboral de Cuatrecasas Gonçalves Pereira, propone la siguiente fórmula: “Si en un periodo de 15 días la empresa no se pone de acuerdo con los empleados, puede descolgarse de la normativa del convenio colectivo y luego que un juez decida si hay fundamento o no”.
Los expertos también apuntan algún cambio en el conjunto de la negociación colectiva, que hunde sus raíces en el franquismo y todavía no se ha modernizado. Se estructura en convenios nacionales, regionales, sectoriales y empresariales. El fin de los retoques sería darle más relevancia a este último nivel, pero sin desmantelar el resto de la estructura, ya que hay muchas pymes a las que no les interesa hacer el esfuerzo de negociar su propio convenio y prefieren acogerse al del sector o al nacional, por ejemplo.hículo.

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