La ley audiovisual sigue en el aire

Considero que una televisión que se financia también a través de un impuesto que los ciudadanos pagan debe esforzarse por convertirse en un verdadero servicio público y desvincularse de la publicidad y los datos de audiencia”. Lo ha dicho el ministro de Cultura italiano, Sandro Bondi, pero lo suscriben los responsables de todas las cadenas privadas españolas y muchos de nuestros políticos, tanto de derechas, como de izquierdas. Desde el sector se habla incluso de lanzar el debate a la calle y discutir “qué televisión pública queremos los españoles, cuántos canales públicos son necesarios y cuánto están dispuestos a pagar por ellos los ciudadanos”.

Ese es el principal caballo de batalla de la prometida (desde hace 13 años) y nunca aprobada Ley General Audiovisual: la doble financiación de las cadenas públicas, que a sus ingresos por publicidad suman cuantiosas subvenciones, y sus contenidos. Sólo RTVE recibirá este año 555 millones de euros de los Presupuestos Generales del Estado.

Esa es la cuestión que enfrenta los intereses de las cadenas privadas con los de buena parte de la clase política. Las primeras defienden una televisión pública sin publicidad y que no compita en contenidos ni en audiencias. Los segundos se han acostumbrado a disponer del apoyo y la plataforma que les ofrecen los canales estatales, autonómicos y locales y saben que sin ingresos publicitarios sus contenidos serían menos interesantes y perderían audiencia. El resultado son tres legislaturas largas de espera y no hay Ley General Audiovisual, ni siquiera anteproyecto. Tampoco lo veremos ya este año. Y eso que el Ministerio de Industria se había comprometido a tener un texto en marzo. Pero el asunto dejó hace meses las manos de Miguel Sebastián.

La vicepresidenta del Gobierno, María Teresa Fernández de la Vega, ha tomado el testigo de esta norma que persigue regular el polémico sector de las radios y las televisiones españolas, las públicas y las privadas. Es ella la que está negociando, cadena por cadena, el contenido de la nueva ley que, además de definir el modelo de las televisiones públicas, debe resolver otros desafíos del sector: la diversificación y multiplicación de cadenas que va a provocar la TDT a partir de abril de 2010 (fecha del apagón digital), la existencia o no de canales de TDT de pago y su regulación, o el techo accionarial en las compañías...

Ha llegado marzo y ni siquiera hay borrador de anteproyecto. Lo curioso es que tampoco hay protestas. El Gobierno ha pedido máxima discreción a los implicados y estos, empezando por las cadenas privadas, han acatado la orden. ¿Por qué?

Por un lado ha influido el convencimiento de que el Gobierno de Rodríguez Zapatero no cuenta hoy con los apoyos parlamentarios que precisa una ley tan sensible para salir adelante. Tras las elecciones de País Vasco y Galicia el apoyo del PNV se ha desvanecido y el de CiU está, como toda la legislatura, en la cuerda floja. Tampoco parece probable que intenten pactar con el PP.

Lea el artículo completo en la revista...