EL cobrador del frac, tras el alcalde

M. tiene una papelería/librería desde hace 22 años en un pequeño pueblo andaluz. Este curso, el Ayuntamiento de su localidad se comprometió a subvencionar los manuales de texto de algunos escolares. M. encargó los manuales a las editoriales y los repartió entre sus clientes en septiembre.

Pero su alcalde aún no le ha pagado. No le resulta extraño, ya el año pasado el cobro de una partida similar se demoró hasta junio. Claro que ahora su situación es mucho más delicada por la crisis. En total, le debe unos 2.000 euros, más de lo que saca de media cada mes en la tienda.

El de M. no es un caso aislado entre las pequeñas y medianas empresas españolas. Resulta difícil de olvidar la historia del constructor que hace sólo unos días amenazaba con quemarse a lo bonzo delante del Ayuntamiento de Loeches (Madrid) porque éste no le pagaba una deuda de tres años. Y es que muchas compañías con contratos firmados con la Administración Pública se ven cada día más ahogadas por el retraso de los pagos de ésta.

Según organizaciones como la Federación Nacional de Asociaciones de Trabajadores Autónomos (ATA) y algunas patronales sectoriales, el montante que el sector público debe a las empresas con las que opera se sitúa en estos momentos entre los 30.000 y los 33.000 millones de euros. Y el tiempo medio de mora ha aumentado en el último año de 120 días a entre 200 y 300 días.

Algunas instituciones, incluso, dilatan la espera hasta algo más de año y medio. Mientras, la Ley de Morosidad fija un plazo máximo de 60 días. “Las compañías estamos funcionando como financieras de la Administración Pública, y en momentos tan duros como éstos”, se lamenta Francisco Jardón, presidente de la Asociación de Empresarios de Limpieza Pública (Aselip).

Viene de largo. Los expertos coinciden en que la tardanza en los cobros del sector público, sobre todo por parte de las corporaciones municipales y las comunidades autónomas, viene de hace mucho tiempo. “Los ayuntamientos nunca han sido buenos pagadores, pero antes las empresas podían pedir créditos o ceder las facturas a los bancos para afrontar estas demoras. El caso es que ahora, con los problemas de liquidez que hay, eso es imposible”, señala Pere Brachfield, asesor de la patronal catalana Pimec y autor del libro Cobro de impagados (Gestión 2000, 2009). .

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