17 peligros para la libertad econÓmica

Todo tiene precio. Si hablamos de las cuentas de un Estado, su modelo de organización territorial es clave en la prosperidad de los ciudadanos. Durante la transición, España optó por un Estado autonómico que en estos treinta años se ha ido descentralizando hasta llegar a niveles superiores incluso a los de un Estado federal.

Con el nuevo reparto de la financiación autonómica, en negociación, el proceso va a más: el Estado central, encargado de recaudar la práctica totalidad de los impuestos, sigue adelgazando, mientras que las autonomías aumentan su capacidad de gasto, sin que el sistema incentive un uso prudente del dinero público. Más autonomía parece traducirse en despilfarro y también en más intervencionismo: 17 parlamentos dan para demasiadas leyes, muchas veces redundantes y contradictorias, un lastre para la actividad de las empresas. El precio lo pagamos todos.

Esta es la historia de un matrimonio con una actitud muy distinta ante la economía doméstica. Uno de sus miembros trae prácticamente todo el dinero que llega a casa. El otro gasta más de la mitad con muy poco reparo y una generosidad alarmante. Siempre está dispuesto a darse un capricho sin mirar las consecuencias de sus actos. Y si algo le sale mal, la culpa siempre es del otro. La estrategia funciona: no le suelen pedir cuentas de sus actos.

Salga ahora de las estrechas paredes del salón de la economía doméstica y piense en cómo se estructuran las finanzas del Estado que usted financia como contribuyente. Lo primero que tiene que hacer es olvidarse del País Vasco y Navarra. Como resalta Pablo Vázquez, director ejecutivo de la Fundación de Estudios de Economía Aplicada (Fedea), “por una lógica histórica y no económica” quedan fuera del sistema general, por lo que están exentos del principio de solidaridad por el que se transfiere recursos de las comunidades ricas a las pobres. En las restantes 15 comunidades, la Agencia Tributaria, estatal, tiene el monopolio en la recaudación de la gran mayoría de los impuestos.

Sólo quedan fuera de su alcance las tasas municipales y menores, el Impuesto sobre Sucesiones y Donaciones y el Impuesto de Transmisiones Patrimoniales y Actos Jurídicos Documentados. Sin embargo, a la hora de gastar el reparto es otro: según datos de la Intervención General de la Administración del Estado, si excluimos los gastos financieros y la Seguridad Social, las comunidades autónomas controlan hoy más dinero público que el Estado central y los ayuntamientos juntos, algo que no sucede en ejemplos de federalismo como Alemania y Estados Unidos.

Y lo hacen frecuentemente con alegría y poca responsabilidad, ya sea para crear una televisión autonómica, dar empleo a 1,3 millones de funcionarios o dotar de un coche de lujo al presidente de un Parlamento autonómico. Como señala Ángel de la Fuente, investigador del Instituto de Análisis Económico del CSIC y autor del estudio La financiación regional en España, “las autonomías tienen en general una posición muy cómoda: gastan y si necesitan más se lo piden a Madrid”, entendido como un ente abstracto al que se le puede responsabilizar de todos los males.

“Es una cuestión de incentivos”, explica el investigador: “Si el que gasta es el mismo que el que recauda, tiene una buena razón para controlarse. En el caso de las comunidades autónomas, el sistema les incentiva a gastar, no a ahorrar”, con competencias tan jugosas electoralmente como la educación y la sanidad. ¿A qué político no le gusta hacerse la foto inaugurando un hospital o con los niños de un colegio reformado?

¿Puede cambiar este modelo con el nuevo sistema que actualmente negocia el Gobierno con las autonomías? Sí, pero a peor. El Ejecutivo, arrastrado por sus promesas sobre el Estatuto de Cataluña y la presión de los diputados de dicha comunidad, se apresta a dar el visto bueno a un modelo en el que, a falta de concretar los números y según lo que se va conociendo, todas las autonomías ganan… a costa de un adelgazamiento aún mayor del Estado. Con más recursos, es razonable temer que las autonomías se lancen de cabeza al disfrute de dos de los vicios que más han practicado en los últimos años: la sobrerregulación de la actividad económica y el crecimiento desorbitado del sector público.

Francisco Cabrillo, catedrático de Economía Aplicada de la Universidad Complutense, ha estudiado estos problemas en el informe Libertad económica en las Comunidades Autónomas, del que es director. Allí elabora un ránking de las autonomías en función de las trabas que establecen al desarrollo empresarial. Más allá de los aspectos concretos de la clasificación –ver el apoyo adjunto-, Cabrillo destaca que hay varios problemas generales, e intrínsecos, del sistema autonómico, como la tendencia al intervencionismo del sector público.

“En España siempre caemos en el error de creer que se gobierna mejor cuanto más leyes y reglamentos se promulgan, y como muchos políticos autonómicos tienen que justificarse de alguna manera, legislan aún más. Adicionalmente, en una comunidad autónoma los grupos de presión tienen, por pura cercanía, más capacidad de influencia sobre sus políticos”, explica. En muchas ocasiones, esas normas llegan por simple mimetismo: “Las autonomías parecen decir: si el Estado ha regulado esta materia, ¿cómo no lo voy a hacer yo, que conozco mejor el terreno?”, dice José Tomás Raga, catedrático de Economía Aplicada de la Universidad Complutense.

Ese efecto imitación también se da entre las propias comunidades autónomas: si la de al lado legisla, yo también lo hago, no vaya a perder comba. La cláusula Camps (por el presidente autonómico) del Estatuto de la Comunidad Valenciana, nacida al amparo del aumento de competencias de Cataluña con su Estatuto, es un buen ejemplo de esa tendencia: el objetivo, más que legislar sobre determinadas materias, parece ser evitar tener menos competencias que otras autonomías.

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