LA fiebre del neointervencionismo...

Conceptos que parecían obsoletos, como planificación, control, sectores estratégicos, capitalismo nacional o incluso socialización de pérdidas, reaparecen con una fuerza inusitada. Un fantasma recorre el mundo, que diría Marx, un nuevo intervencionismo que bajo la excusa de recuperar a Keynes, arrincona ideas básicas como competitividad, eficacia, productividad o sostenibilidad de la deuda.

Desde posiciones políticas influyentes se afirma sin rubor que el capitalismo ha de ser refundado, como si hubiese una fecha fundacional del mismo y no estuviera en el código genético de la naturaleza humana. Otros más ecuánimes pregonan que hay que salvar el capitalismo de los capitalistas mismos, que es una forma sofisticada de afirmar que no ha funcionado la prudencia, contención, diligencia y ecuanimidad exigible del buen empresario de los códigos de comercio napoleónicos.

Algunos liberales impasibles culpan a la política económica, a los fallos en la regulación, supervisión y sanción del sistema financiero, diseñada y ejecutada por funcionarios bienintencionados y técnicamente competentes, pero que no supieron ver ni medir el riesgo. Lo cierto es que todos los gobiernos del mundo desarrollado han reaccionado aumentando el gasto y la intervención pública en la vida económica. Queda sin embargo por saber, queda para los historiadores, si lo han hecho por convicción o necesidad, pero ése es otro tema.

Cuando ven peligrar su empleo, ahorros, empresas y nivel de vida, los ciudadanos buscan seguridad y se vuelven naturalmente al Estado para que les provea de ese bien público básico que es responsabilidad exclusiva y no delegable del Estado. Pero es una seguridad imposible, con un coste excesivo. La única manera de evitar la quiebra de bancos es que no haya bancos, porque también los bancos públicos quiebran. Y hasta los propios Estados: que se lo digan a Felipe II, a Roma o a Bizancio. Esa demanda de seguridad puede provocar cambios telúricos en la política económica y algunas decisiones profundas e irreversiblemente equivocadas.

Lo estamos viendo en España, donde el miedo a la generalización de procesos concursales amenaza con recrear el Instituto Nacional de Industria del franquismo, que tantos años, dinero y esfuerzos ha costado eliminar. El agroalimentario, el energético, el inmobiliario, el automóvil, la cultura y quizás hasta los medios de comunicación son sectores candidatos a volver a disfrutar de la participación pública en su accionariado. Con todo lo que ello representa de rigidez, politización, ineficacia y mala gestión.

Un debate que parecía superado ha vuelto con fuerza de manos de una crisis que empezó como una lejana turbulencia financiera y se ha convertido, más por errores de política económica que por la propia dinámica del mercado, en una oportunidad para rehacer la historia y devolver la centralidad a la política, sometiendo el mercado a la disciplina de la democracia, Zapatero dixit. Los enemigos de la globalización han descubierto un aliado poderoso en la fragilidad social y la vulnerabilidad personal que provoca la crisis, y se aprestan a aprovecharlo cercenando la libre circulación de mercancías, personas y capitales, prostituyendo la libre competencia.

Proliferan por el mundo todo tipo de garantías, ayudas, subvenciones y recapitalizaciones con dinero público a empresas nacionales con la única justificación y objetivo de que puedan sobrevivir a la crisis. Las instituciones multilaterales encargadas de mantener las reglas de juego de una economía global se muestran impotentes ante esta oleada de proteccionismo encubierto, bien porque sus propios errores les han hecho perder gran parte de su autoridad moral y capacidad de liderazgo, bien porque también ellas han caído presas de este hiperactivismo que todo lo justifica con tal de evitar que la recesión se transforme en depresión. Propósito justo y necesario, pero que no conlleva como corolario la vuelta al mercantilismo ni a prácticas económicas arrumbadas por obsoletas, ni sencillamente a la adopción de políticas que han resultado ineficaces en crisis anteriores.

En las últimas semanas hemos asistido a una carrera de planes nacionales de recuperación económica que van más allá de un mero rescate del sistema financiero. Todo empezó con la cumbre extraordinaria del G-20 ampliado celebrada en Washington el 15 de noviembre. Allí se acordó, entre otras cuestiones técnicas referidas a la coordinación internacional de la regulación y supervisión de las entidades financieras, hacer todo lo posible para evitar una recesión mundial.

El comunicado final propugnaba explícitamente la adopción de políticas fiscales y monetarias expansivas en los países industrializados y medidas de estímulo al consumo doméstico en las grandes economías emergentes en las que su política de sostenimiento de un tipo de cambio artificialmente depreciado primaba en exceso las exportaciones. En los días posteriores a la reunión, el director gerente del FMI puso precio a la inyección fiscal: dos puntos del PIB mundial. Además, y por la insistencia del presidente francés de la Unión Europea, el hiperactivo Sarkozy (que parece haber sustituido su liberalismo de la campaña electoral por el estatismo del gaullismo tradicional), se acordó que los países del G-20 informarían de sus planes de acción en una nueva reunión en abril que tendría lugar en Londres.

Con ese aparente mandato de la comunidad internacional, o con esa excusa para debilitar resistencias políticas internas, los principales países se han aplicado a formular sus propios programas nacionales eligiendo, del abanico de posibilidades que contemplaba la declaración de Washington, aquéllas que más se correspondían con las preferencias ideológicas de sus mayorías de gobierno. Primero fue China la que anunció un vasto plan de infraestructuras con el objetivo de mantener la creación de empleo y evitar al agravamiento de latentes tensiones sociales.

Luego Estados Unidos movilizó 800.000 millones de dólares para descongelar el crédito y evitar la deflación mundial. El canciller Brown se anticipó una vez más a una Unión Europea paralizada por las diferencias internas de opinión, y anunció el abandono del Nuevo Laborismo rompiendo la regla de oro de la política fiscal diseñada por él mismo como canciller del Tesoro. Por último, la Comisión Europea elaboró un plan de recuperación que, como no podía ser de otra manera, al carecer de presupuesto y de competencias, delega en los Estados miembros el 85% del gasto de los 200.000 millones previstos. Y no incluyo en esta enumeración al Gobierno español porque el plan aprobado por el Consejo de Ministros el viernes 28 de noviembre no merece, ni por su volumen ni por su diseño, la consideración de plan de recuperación económica.

La reacción ante la crisis financiera en Estados Unidos ha sido, sin duda alguna, la que ha marcado la agenda internacional y el debate económico de este año. Empezó considerando que los bancos tenían solo un problema de liquidez para valorarlo luego como un problema de solvencia, y ha tenido que acabar reconociendo que hay también crisis en la economía real derivada del estallido de la burbuja inmobiliaria y del crédito al consumo.

Este reconocimiento gradual del problema, como en una serie por capítulos, ha lastrado la respuesta a la crisis, pues ha olvidado que la mejor política económica es siempre preventiva y que las crisis bancarias tienen un impacto menor cuanto antes se intervenga. Así, el primer paquete Paulson (el actual secretario del Tesoro de EEUU) hablaba solo de inyectar liquidez a las entidades en dificultades transitorias a cambio de activos para los que el mercado se había convertido en irracional, los famosos activos tóxicos, que no eran necesariamente activos fallidos, sino contaminados ante la desconfianza del público en productos financieros complejos.

La realidad fue contundente y la quiebra de instituciones financieras emblemáticas hizo recapacitar a la Fed, que ha acabado por admitir que hay problemas de solvencia, que los bancos pueden necesitar ampliar capital y que contempla la posibilidad de recapitalizarlos directamente con fondos públicos. Una posibilidad que hace unos años hubiera parecido imposible pero que, pese a la confusión reinante, siempre está encima de la mesa en una crisis bancaria en un sistema fiduciario, de dinero papel sin más respaldo que la confianza. Así se resolvió en los ochenta la crisis de las cajas de ahorros americanas y nadie se escandalizó entonces por ello ni predicó el fin del capitalismo.

La Administración americana se ha puesto nerviosa porque el crédito no fluye a familias y empresas y ha optado finalmente por asegurar directamente los créditos hipotecarios y el papel comercial de las propias empresas. Todo para intentar relanzar la economía al precio que sea. El coste será una explosión de deuda pública.El monto total estimado de los distintos paquetes asciende casi al 25% del PIB, la magnitud en la que aumentará la deuda del Gobierno federal. Por si fuera poco, y ante el temor a una deflación, la Reserva Federal ha empezado a aumentar directamente la cantidad de dinero en circulación para evitar una contracción de la oferta monetaria.

En Europa, las cosas son más comedidas. En primer lugar, la Unión Europea no tiene presupuesto propio, apenas el 1,25% del PIB comunitario, ni capacidad de endeudamiento, por lo que se ve limitada a pedir a los gobiernos un esfuerzo fiscal y al Banco Central Europeo un descenso de los tipos de interés. El plan de la Comisión comprende todas las acciones políticamente correctas, pero descarga el grueso de la financiación en los presupuestos nacionales, y el diseño concreto, en unos planes nacionales que habrán de ser luego aprobados colectivamente por la cumbre de jefes de gobierno. Los gobiernos se hallan divididos entre aquellos que, como el británico, confían en una reducción del IVA para estimular el consumo y los que, como Francia, encargan esa labor a la inversión pública y resucitan esquemas de intervención directa en las empresas. Del Gobierno español seguimos sin noticias porque lo anunciado hasta ahora es poco más que un plan de empleo municipal.

La crisis financiera, pero sobre todo el miedo a la depresión, están produciendo un retorno a políticas tradicionales de estímulo de la demanda y a esquemas intervencionistas más o menos explícitos. Puede funcionar como una red de seguridad que alivie el coste social de la crisis. Pero no afronta la cuestión capital, que es la necesaria consolidación del sistema financiero internacional y la pérdida de competitividad de las viejas potencias industriales en un mundo global en el que han aparecido nuevos y poderosos agentes. No hay nada de revolucionario en este retorno al pasado. No hay un nuevo paradigma económico. Sólo el intento desesperado de compensar la caída de la demanda privada con demanda pública.

Pero será un movimiento pasajero, porque cuando las aguas vuelvan a su cauce y el crédito a fluir libremente entre ahorradores e inversores, una vez depurado el sistema financiero internacional de sus excesos, volveremos a preocuparnos de la inflación, los déficit públicos, la sostenibilidad de las cuentas estatales, la competitividad, el efecto expulsión de la inversión privada, la eficacia en la asignación de recursos y los incentivos al ahorro y el trabajo. Sería deseable que todos estos conceptos económicos básicos no quedasen ni siquiera temporalmente sepultados por un intervencionismo excesivo. Pero no hay peligro de que se refunde el capitalismo.
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