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Esta legislatura que da sus últimas bocanadas ha sido, en temas
energéticos, unas de las más convulsas que se han vivido
en democracia. A los tradicionales problemas del sector (déficit
de tarifa, principalmente) se han unido unos nuevos como la incertidumbre
regulatoria de las energías renovables y los cambios provocados
por el cumplimiento del Protocolo de Kioto. A estos retos estructurales,
se las ha unido una efervescencia empresarial que comenzó en
2005 con la opa de Gas Natural sobre Endesa, por aquel entonces la primera
eléctrica española por capitalización, y que finalizan
con la incertidumbre que se ha generado en torno a Iberdrola, actualmente
la compañía eléctrica más grande. ¿El
nexo común? La implicación del Gobierno en los movimientos
empresariales le ha dejado las manos atadas para atajar las soluciones
a los problemas estructurales.
Las operaciones sobre las dos principales eléctricas españolas,
que controlan el 60% de la cuota de mercado, cuestionan la política
energética del Ejecutivo, que algunos califican de errática
y otros de inexistente. La lista de damnificados se ha ido ampliando
año a año. Los expertos apuntan a tres grandes problemas
de fondo: la tarifa eléctrica se fija más por criterios
políticos que económicos, el intervencionismo del Gobierno
en el mercado eléctrico y la incertidumbre regulatoria por las
emisiones de CO2 y las energías renovables.
La herencia que recibió el PSOE no fue buena. El real decreto
de fijación de las tarifas eléctricas ideado por el secretario
de Estado de Energía, José Folgado, está en la
raíz de muchos problemas. Esta norma no permitía subir
las tarifas más del 2%. Mientras el precio de materias primas
se mantuvo estable, todo fue bien. Pero cuando el precio del petróleo
se desbocó, subiendo en menos de cuatro de los 25 dólares
de 2004 a los casi 90 dólares actuales, la diferencia entre lo
que costaba generar y la luz que pagaban los usuarios se empezó
a agrandar. Esta deuda, estimada en más de 15.000 millones de
euros, ha sido el caballo de batalla entre el actual secretario General
de Energía, Ignasi Nieto, y el sector.
El nuevo Ejecutivo heredará una “patata caliente”
en el sector: ¿Quién se quedará con Iberdrola?
¿Seguirá sola o será troceada? ¿Llegará
a un pacto EDF con ACS y otros potenciales entrantes para lanzar una
opa sobre la eléctrica presidida por Ignacio Sánchez Galán?
¿Habrá otras ofertas? Con todas estas preguntas sin resolver,
el frente corporativo eléctrico se ha reabierto para el Gobierno,
con el agravante de las hipotecas generadas por las operaciones corporativas.
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