Al mismo tiempo que PP y PSOE se ponen de acuerdo para proclamar importantes
rebajas fiscales de cara a las próximas elecciones del 9 de marzo
(ambos han apuntado recortes en el IRPF y la supresión del Impuesto
de Patrimonio); los dos partidos también coinciden en anunciar
nuevos impuestos ecológicos, inspirados en el principio quien
contamina paga.
Los socialistas llevan hablando de los tributos verdes desde que llegaron
al poder en 2004, y apuntaban subidas en las tarifas eléctricas
y del agua, así como tasas sobre los residuos, entre otras. Pero
todas sus intenciones se quedaron en una única medida: el nuevo
impuesto de matriculación, que entró en vigor el pasado
1 de enero. Divide los vehículos en cuatro clases según
sus emisiones de dióxido de carbono (CO2) y les aplica una tasa
en consecuencia. En 2006, este impuesto supuso para las arcas estatales
más de 1.600 millones de euros. “En realidad, es un cambio
en la forma de calcular el impuesto. Si de verdad se quisiera proteger
el medio ambiente se deberían retirar de la circulación
los más de 100.000 vehículos con más de diez años,
más contaminantes que los que hay en la actualidad”, explica
José Antonio Bueno, socio especializado en el sector del automóvil
de la consultora Europraxis. La paradoja de la apuesta ecológica
del Gobierno es que al mismo tiempo que modificaba este tributo para
hacerlo más respetuoso con el medio ambiente, ha suprimido el
Plan Prever, que permitía la renovación del parque automovilístico
y, por tanto, quitaba de la circulación los vehículos
que más CO2 emitían.
De momento, los coches han sido el chivo expiatorio de la reforma verde del Gobierno. Pero en la Estrategia Española de Desarrollo Sostenible, que se aprobó hace unos meses y que contempla un paquete de normas para combatir el cambio climático, el Ejecutivo reafirma su intención de implantar la próxima legislatura un abanico de medidas fiscales, y no fiscales, que afectarán a sectores como el de la energía, el transporte, el turismo y la construcción.
Estas aspiraciones no son exclusivas de los socialistas. Desde el PP
aseguran el único ámbito en el que subirán los
impuestos será el medioambiental. “Hay pendiente una reforma
porque ahora estos tributos verdes son bastante caóticos. De
entrada, hay que cumplir con compromisos europeos. Además, nos
vamos a tomar muy en serio que el sistema tributario desincentive las
actividades más contaminantes y crearemos un comité para
diseñar esos impuestos ecológicos” asegura Álvaro
Nadal, secretario de Economía del PP.
Si hay algún argumento que pueda utilizar hoy en día un
político para subir impuestos, ése es el ecológico.
El bombardeo de la opinión pública con los peligros del
cambio climático parece justificar la introducción de
nuevos gravámenes. Y no importa que éstos se centren en
el consumo y que afecten, por tanto, a todos los ciudadanos con independencia
de su nivel de renta. Pero, ¿qué hay detrás de
estas nuevas tasas?
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Detrás de las intenciones verdes se ocultan a veces otras menos nobles, como un afán recaudatorio o barreras proteccionistas.